La UE reclama 64 millones por las vacaciones fiscales vascas
9/11/2013
Sería una sanción ejemplar por la demora de 12 años en recuperar las ayudas ilegales
La Comisión Europea reclama una sanción de unos 63,5 millones de euros por la demora de 12 años en recuperar las ayudas de las denominadas “vacaciones fiscales” vascas (incentivos fiscales a la inversión de los años noventa) que finalmente en 2013 están casi totalmente recuperadas.
El abogado de la Comisión, Carlos Urraca, considera necesario mantener esta sanción contra el Reino de España como “medida disuasoria” porque no sólo se han tardado 12 años en recuperarlas ayudas ilegales, sino también porque España “es el segundo país con más casos por recuperar”.
La petición del mantenimiento parcial de la multa, así como el reconocimiento de que por fin se han cumplido las exigencias de devolución fueron los hitos principales de la vista que ayer se celebró en el Tribunal de Justicia de la UE. Sólo quedarían unos 278.000 euros en intereses aún pendientes por la Diputación de Álava.
¿Quién ha de pagar la multa?
En el caso de que los 15 jueces comunitarios asuman la petición de la Comisión Europea en principio habrá de ser el Reino de España quien abone la sanción.
Sin embargo sobre este tema hay diversas posiciones, ya que al ser un litigio exclusivo del País Vasco, desencadenado a raíz de los incentivos fiscales aprobados por las Diputaciones vascas y las trabas que éstas pusieron para resolver el expediente y realizar las devoluciones, desde Madrid se estima que han de ser las Diputaciones las que asuman el pago de la multa.
No en vano en 2011, en la Ley de Economía Sostenible aprobada por el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero, que contó con el respaldo del PNV, se estipulaba que las sanciones europeas provenientes de decisiones autonómicas habrían de ser asumidas por las autonomías concernidas.
Sin embargo, en los últimos días la Diputación de Álava (gobernada por el PP) afirma que no han de ser las Diputaciones las que paguen la multa, sino el Gobierno español. El diputado general de Álava, Javier de Andrés, recordó que se trata de litigios fiscales originados antes de 2011 y por tanto no se pueden transferir las multas. Además señalan que toda la defensa jurídica del caso ha correspondido directamente el Gobierno español y por tanto la responsabilidad es del Estado.
Examen de la cifra a devolver
El pequeño triunfo logrado por las Diputaciones vascas en la vista de ayer es que el Tribunal analizará si la cantidad y el método que ha exigido Bruselas para las devoluciones de las ayudas es correcta, lo que abre la puerta a que se pueda rebajar la cifra exigida a las empresas.
508 MILLONES DE EUROS
Unas 300 empresas vascas han sido las grandes perjudicadas por las “vacaciones fiscales”. Se acogieron a legislaciones vigentes, con compromisos de inversión y empleo, y después han sido penalizadas porque esa legislación era ilegal a efectos europeos. Así han tenido que devolver cerca de 508 millones, donde se incluye una parte sustancial por intereses de demora de los 12 años que han tardado las Diputaciones en cumplir con la Comisión Europea.
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